El Proyecto de Ley (PdL) de Amparo Minero ha dado un paso significativo en su tramitación legislativa, tras ser aprobado en general por la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados. Ahora, entra en la fase de discusión particular, un momento crucial donde se pueden hacer modificaciones al texto para perfeccionarlo. Este avance ha sido recibido con optimismo por la industria, que valora positivamente que el proyecto corrija errores fundamentales de la Ley N° 21.420. La eliminación de la escala progresiva de patentes, en particular, es considerada un avance crucial para brindar mayor estabilidad y confianza en un contexto de inversión que Chile debe aprovechar al máximo. Sin embargo, la industria también alerta sobre las brechas que el PdL aún presenta, lo que sugiere la necesidad de un análisis cuidadoso antes de su aprobación final.
En el contexto de la actividad minera, la certeza jurídica competitiva es un elemento fundamental que va más allá de la geología y la carga tributaria. La confianza en las decisiones del sistema institucional y su predictibilidad son esenciales para fomentar un ambiente de inversión favorable a largo plazo. La certeza jurídica competitiva no debe confundirse con la estabilidad normativa, ya que una ley puede ser estable, pero carecer de predictibilidad operativa si su implementación depende de criterios arbitrarios o de plazos inciertos. Para los concesionarios mineros, la incertidumbre sobre los tiempos de reacción de SERNAGEOMIN en la calificación de sus solicitudes puede significar grandes investigaciones perdidas y oportunidades de negocio desaprovechadas. Es aquí donde el Proyecto de Ley debe ser analizado rigurosamente para garantizar que no solo se mejore respecto de su predecesora, sino que se instale un sistema que realmente permita la incorporación confiable en los modelos de negocios del sector.
El PdL enfrenta retos estructurales, dado que mantiene un modelo híbrido que ha demostrado ser problemático. El Código de Minería de 1983 proporcionaba un sistema simple donde el pago de patentes aseguraba la concesión, pero el cambio introducido por la Ley N° 21.420 complicó dicha lógica al diferenciar tasas según las actividades. Tal diferenciación ha resultado en un aumento significativo de concesiones en remate y ha perjudicado la participación de pequeños y medianos mineros. Aunque el PdL busca corregir la escalada de precios por hectárea, al fijar un límite máximo, persiste este sistema híbrido que no define claramente cuál debe ser la mejor práctica en el régimen de amparo. Esto puede llevar a un aumento en los costos de transacción en lugar de proporcionar la claridad que la industria tanto demanda.
La preocupación por la discrecionalidad administrativa es uno de los puntos cruciales que el PdL no logra resolver por completo. A pesar de que el Mensaje Presidencial reconoce que la heterogeneidad en la aplicación de criterios de SERNAGEOMIN ha contribuido a la confusión del sector, el nuevo articulado no erradica esta discrecionalidad, solo la reorganiza. Las causales propuestas para acceder a la patente rebajada dejan en el aire muchas definiciones clave, lo que puede perpetuar la falta de certeza para las empresas mineras. Esta incertidumbre puede afectar la planificación y la inversión, ya que los operadores necesitarán justificar continuamente su acceso a tasas más favorables sin plazos o consecuencias claras por parte de la administración. Esto no solo genera un escenario desfavorable, sino que también contradice el derecho constitucional al provocar una carga burocrática adicional.
Mirando hacia el futuro, la Política Nacional Minera 2050 establece que Chile debe posicionarse como un líder responsable en la producción de minerales críticos, lo que requiere un sistema concesional confiable capaz de sustentar ciclos de inversión a largo plazo. La actual discusión legislativa debe enfocarse en realizar las modificaciones necesarias para asegurar un régimen de amparo sólido y predecible, que evite la discrecionalidad administrativa y ofrezca un marco claro y eficiente para la industria minera. Un PdL que no gestione adecuadamente estos aspectos no solo afecta la confianza de los inversionistas, sino que también pone en riesgo el potencial de los proyectos que pueden desempeñar un papel crucial en la transición hacia una economía más sostenible. Es vital que las indicaciones sean presentadas y discutidas con el objetivo de fortalecer este proyecto en beneficio del país y su industria minera.
