Un análisis reciente realizado por la consultora Colliers pone de relieve los riesgos significativos de implementar un congelamiento en los precios de los arriendos. Según la investigación, dicha medida podría acabar perjudicando a los mismos inquilinos que se busca proteger, además de incrementar el déficit de viviendas en el país. Reinaldo Gleisner, vicepresidente de Colliers, advirtió que el control de precios ha fracasado en varios mercados y con numerosos productos, sugiriendo que esta estrategia no es apropiada en el ámbito inmobiliario.
Gleisner enfatizó que el arriendo no solo representa un costo para los inquilinos, sino que también es la rentabilidad que obtienen los propietarios de sus inversiones. Al fijar el precio de los arriendos de manera artificial, se crean desincentivos para que los inversionistas destinen sus recursos en la construcción y mantenimiento de propiedades. La reducción de la rentabilidad podría traducirse en menos ofertas disponibles, lo que a largo plazo deterioraría la calidad de los inmuebles existentes y disminuiría la oferta de unidades de alquiler.
La preocupación es aún más evidente en el contexto actual, donde la demanda de arriendos ha aumentado notablemente. Esta expansión de la demanda se relaciona directamente con cambios en la estructura familiar, mayores exigencias de conectividad y las crecientes dificultades que enfrentan muchas personas para acceder a la compra de vivienda. En este escenario, el congelamiento de precios no solo no eliminaría la demanda, sino que podría crear una escasez de unidades disponibles, que no haría más que agravar la situación para aquellos que buscan un lugar donde vivir.
El análisis de Colliers resalta un potencial desplazamiento del mercado hacia la informalidad como consecuencia del congelamiento de arriendos. Esta situación podría abrir la puerta a prácticas desleales, como aumentos de precios por fuera de los contratos oficiales y la creación de un entorno de ilegalidad. En lugar de ofrecer una solución real a los inquilinos, la medida podría terminar perjudicando a los más vulnerables, proporcionando menos opciones y un entorno de vida más precario.
Finalmente, Gleisner concluyó que las iniciativas de control de precios pueden estar en contra del interés de aquellos a quienes supuestamente buscan beneficiar. Al deteriorar las condiciones de vida de los inquilinos y restringir sus opciones de vivienda, el congelamiento de precios no aborda los problemas fundamentales del mercado inmobiliario. Es imperativo que las decisiones políticas se tomen con una comprensión clara y realista de cómo funciona el mercado, para evitar soluciones que perpetúen o incluso intensifiquen los desafíos de vivienda en el futuro.
