Cada vez que se presenta una emergencia, la atención pública suele centrarse en las viviendas dañadas, los caminos bloqueados y las personas directamente afectadas por la crisis. Sin embargo, un aspecto que a menudo queda en la sombra es el impacto que sufren miles de emprendedores y pequeñas empresas. Estos negocios no solo enfrentan pérdidas materiales y la interrupción de sus operaciones, sino que además deben seguir cumpliendo con sus obligaciones tributarias como si nada hubiera sucedido. En este contexto, la reciente decisión del Servicio de Impuestos Internos y de la Tesorería General de la República de permitir a los contribuyentes de las comunas afectadas por el último sistema frontal declarar y pagar sus impuestos mensuales hasta el 30 de octubre, sin incurrir en multas ni intereses, representa una medida valiosa que debe ser subrayada.
Este alivio financiero, más que una mera extensión de plazos, conlleva un mensaje importante: el sistema tributario puede y debe actuar como un soporte durante situaciones de crisis. En condiciones normales, la tributación se percibe como un conjunto de obligaciones rígidas y estrictas, donde el incumplimiento puede acarrear severas sanciones. Sin embargo, las emergencias cuentan con particularidades que demandan un enfoque más humano y comprensivo. Detrás de cada RUT hay una persona, una familia o un pequeño negocio que se enfrenta a realidades difíciles, donde el cumplimiento tributario puede ser lo último de lo que estén preocupados en ese momento.
Consideramos el caso de un pequeño almacén que ha estado sin electricidad durante días, o un restaurante que ha perdido mercancías debido a cortes de energía. Para estos emprendedores, el verdadero desafío va más allá de una prórroga para el pago del IVA. Su lucha diaria se basa en la falta de ingresos mientras los gastos continúan acumulándose. Así, la suspensión de multas e intereses no es un gesto de indulgencia sino un reconocimiento de que el incumplimiento de sus obligaciones fiscales es consecuencia de circunstancias extraordinarias y no de una decisión deliberada.
Esta experiencia también nos deja importantes aprendizajes sobre la gestión tributaria en las empresas. Muchas veces se concibe como el mero cumplimiento de plazos y formularios, cuando en realidad involucra un entendimiento integral de los beneficios y mecanismos de ayuda disponibles en la legislación ante eventos excepcionales. Conocer estos detalles es esencial para optimizar no solo el cumplimiento, sino también para evitar sanciones innecesarias y aprovechar recursos que podrían ser vitales para la supervivencia de un negocio en crisis.
Además, la coordinación entre instituciones públicas ha sido clave para implementar beneficios automáticos para los contribuyentes afectados, todo ello en un esfuerzo por reducir la burocracia en momentos críticos. A pesar de que existen cuestionamientos sobre este tipo de flexibilizaciones, es imperativo reconocer que una emergencia transforma las condiciones bajo las cuales las personas y empresas operan en la economía. Chile, con su recurrente exposición a desastres naturales, necesita que sus instituciones no sólo sean eficientes en la recaudación de impuestos, sino también ágiles y comprensivas en su respuesta ante las crisis. La modernización del Estado debe incluir esta capacidad de adaptación a las realidades de su población.
