En un reciente pronunciamiento de la Contraloría General de la República, liderada por Dorothy Pérez, se ha establecido que el personal contratado bajo la modalidad de honorarios no podrá participar en las festividades del Día del Funcionario Municipal, programadas para el 28 de octubre. Esta determinación ha surgido a raíz de una solicitud hecha por la Municipalidad de Cañete, que buscaba aclarar la validez de la inclusión de estos trabajadores en actividades institucionales que tradicionalmente celebran a los funcionarios públicos.
La Contraloría, en su análisis, recordó que el Estatuto Administrativo de los Funcionarios Municipales (Ley 18.883) clasifica las labores realizadas por honorarios como prestaciones accidentales y no permanentes. De este modo, quienes prestan sus servicios bajo este esquema no poseen la condición jurídica de funcionarios municipales, lo que les excluye de la celebración y los beneficios asociados a la misma. Este pronunciamiento se presenta como un esfuerzo por aclarar la normativa vigente y asegurar que se respeten las diferencias entre los distintos tipos de contratación en el sector público.
El dictamen fue emitido a fines de julio y se ha ido notificando progresivamente a los diferentes municipios del país, buscando regular la asignación de recursos para estos eventos conmemorativos. Las festividades del Día del Funcionario Municipal suelen incluir no solo celebraciones, sino también gastos significativos en almuerzos, espectáculos y otras actividades para honrar a los trabajadores del municipio. Con esta nueva regulación, la Contraloría busca que los recursos públicos sean utilizados de manera más eficiente y adecuada.
Sin embargo, la decisión ha generado un considerable malestar entre los prestadores de servicios a honorarios. Muchos de ellos habían mantenido una tradicional participación en estos actos de reconocimiento, donde se les brindaba un espacio para dignificar su labor dentro de la administración pública. A través de diversas plataformas de comunicación, los afectados han expresado su descontento, argumentando que su contribución al trabajo municipal también merece ser reconocida.
Ante este escenario, se anticipa que la medida podría provocar un debate en el ámbito municipal sobre la equidad y reconocimiento en el servicio público. Si bien la Contraloría busca regular el uso de recursos y garantizar una correcta aplicación de la ley, los comentarios y reacciones de los involucrados resaltan la necesidad de dialogar sobre el valor de cada trabajador, sin importar el tipo de contrato bajo el cual presten sus servicios, y cómo esto afecta la moral y la cohesión del equipo laboral en las municipalidades.
