Chile se encuentra en un punto crítico de su transición hacia la movilidad eléctrica, un proceso que ha mostrado avances significativos en los últimos años. Según el informe 2026 de la Organización Latinoamericana de Energía y Desarrollo (Olacde), el país ocupa el segundo lugar a nivel mundial en la adopción de autobuses eléctricos, con un impresionante total de 4,707 unidades, solo superado por China. Esta cifra es el resultado de políticas públicas continuas que han abarcado tres administraciones, siendo la estrategia de electromovilidad iniciada en 2017 un pilar fundamental. Gracias a estas iniciativas, el 59% de los autobuses del sistema Red de Santiago son eléctricos, lo que marca un notable avance hacia un transporte más sostenible y menos contaminante.
El impacto ambiental de los autobuses eléctricos en Santiago es notable; generan únicamente el 3.3% de las emisiones del transporte en la ciudad, mientras que los automóviles y motos privados concentran un asombroso 90% de dichas emisiones. Este panorama presenta una gran oportunidad para mejorar la calidad del aire y reducir la huella de carbono de la capital chilena. No obstante, a pesar de estos logros, persisten desequilibrios estructurales que pueden obstaculizar la expansión de la movilidad eléctrica en el país, siendo uno de los más graves el desfase entre la cantidad de vehículos eléctricos y la infraestructura de carga necesaria para su uso efectivo.
En los primeros cinco meses de 2026, las ventas de vehículos 100% eléctricos alcanzaron cifras récord, con 4,168 unidades vendidas, el doble que en el año anterior. Sin embargo, un estudio del Ministerio de Energía revela que el 62% de las comunas de Chile carecen de cargadores públicos, concentrándose el 77% de los puntos de carga en la Región Metropolitana. Esta falta de infraestructura representa un obstáculo significativo para aquellos que desean invertir en un vehículo eléctrico, ya que el tiempo requerido para la instalación de un punto de carga puede extenderse desde meses hasta años. Además, se ha identificado otro problema menos evidente: la incompatibilidad de estándares, donde aproximadamente el 5.6% de los vehículos eléctricos e híbridos enchufables utilizan el estándar GB/T, incompatible con la red nacional de carga rápida pública.
La desigualdad territorial es otro desafío que Chile debe afrontar en su camino hacia la movilidad eléctrica. El Plan Maestro de Infraestructura de Carga Pública del Ministerio de Energía tiene como objetivo establecer al menos un punto de carga cada 100 kilómetros a nivel nacional. Sin embargo, en la macrozona norte, los 40 cargadores existentes son insuficientes, y se estima que se necesitarán al menos 49 puntos adicionales para 2035, lo que requerirá una inversión cercana a $7,000 millones. Aunque iniciativas como el piloto de 14 taxis colectivos eléctricos en la región del Maule han mostrado resultados positivos, su expansión está limitada por la falta de infraestructura adecuada para respaldar la creciente demanda de este tipo de transporte.
Es fundamental reconocer el logro de los autobuses eléctricos en Chile, ya que representa cómo la continuidad de las políticas públicas puede fomentar una transformación significativa en el transporte. Sin embargo, el crecimiento de la movilidad eléctrica privada no debe avanzar en aislamiento. Los propietarios de vehículos eléctricos requieren un ecosistema sólido que les permita cargar sus autos con facilidad y desplazarse sin inconvenientes. Si no se abordan las brechas en infraestructura, la incompatibilidad de estándares y las desigualdades territoriales mediante una planificación coordinada, el futuro de la movilidad eléctrica se verá limitado a las zonas donde ya existen condiciones favorables. La transición hacia una movilidad eléctrica sostenible dependerá de que tanto cargar como viajar en estos vehículos no estén condicionados por la ubicación geográfica de sus usuarios.
Dra. María Luisa Valenzuela Valdés
Decana Facultad de Ingeniería – Directora Magíster Economía Circular Industrial
Universidad Autónoma de Chile.
