La implementación de la Ley N° 21.305, que entrará en vigencia en 2027, marcará un hito importante en la regulación de la eficiencia energética de vehículos en Chile, estableciendo un estándar base de 22.8 kilómetros por litro de gasolina equivalente. Esta nueva legislación utilizará la metodología WLTC (Worldwide harmonized Light vehicles Test Cycle), que refleja más fielmente las condiciones de conducción real, aunque se espera que los rendimientos reportados sean menos optimistas que los obtenidos con metodologías anteriores. El objetivo de estas regulaciones es claro: promover un parque automotriz más eficiente y contribuir a la neutralidad de carbono. Sin embargo, esta reforma también plantea desafíos significativos para el mercado de vehículos nuevos, generando un debate sobre sus implicaciones y posibles consecuencias en la industria.
Mientras que la transición hacia vehículos híbridos, híbridos enchufables y eléctricos parece inevitable, su impacto en el mercado no es tan simple. Aunque estos tipos de vehículos son indiscutiblemente más eficientes, el precio de compra ha sido una barrera histórica para muchos consumidores. Sin embargo, estas brechas de precio se han reducido considerablemente, llevando a un aumento en la consideración de soluciones de movilidad eléctrica. Además, la disminución de piezas móviles en los vehículos eléctricos no solo reduce el desgaste, sino que también disminuye los costos de mantenimiento, lo que puede representar un atractivo adicional para los potenciales compradores.
A pesar del creciente interés por los vehículos eléctricos, existen importantes obstáculos logísticos que limitan su adopción masiva en Chile. Muchos propietarios de vehículos no cuentan con acceso a un estacionamiento adecuado que permita la carga de sus autos, bien sea en su hogar o lugar de trabajo. Esto es especialmente problemático en ciudades con alta densidad poblacional y edificios que carecen de la infraestructura necesaria para la instalación de puntos de carga. Además, para aquellos que realizan viajes largos, la escasa disponibilidad de estaciones de carga rápida añade un nivel de complejidad al uso diario de estos vehículos, limitando aún más su atractivo.
La percepción de los vehículos eléctricos también está influenciada por su complejidad tecnológica, que puede resultar en una rápida obsolescencia en comparación con los vehículos de combustión interna ya consolidados en el mercado. El valor de reventa de los vehículos eléctricos tiende a depreciarse más rápido, y la disponibilidad de repuestos y la capacitación técnica en talleres especializados son puntos críticos que los propietarios deben considerar. Estos elementos impactan directamente en la confianza de los consumidores en la inversión a largo plazo que representa un vehículo eléctrico, especialmente en un contexto económico incierto.
A medida que se acerca la fecha de implementación de la Ley N° 21.305, es crucial encontrar un equilibrio entre promover la electromovilidad y no generar tensiones económicas que afecten a los segmentos más vulnerables de la población. La regulación tiene el potencial de distorsionar el mercado y provocar decisiones de compra impulsivas, sobre todo en un país donde el clima económico es delicado. Aunque la transición hacia una mayor eficiencia energética y la reducción de dependencia de combustibles fósiles es imperativa para el futuro, asegurar que dicha transición se gestione de manera cuidadosa y equitativa se vuelve una necesidad urgente para evitar la polarización social y garantizar un camino sustentable hacia la movilidad del mañana.





