El reciente fallo del Segundo Tribunal Ambiental ha generado importantes repercusiones en el ámbito del desarrollo sostenible en Chile. Al rechazar la reclamación contra el proyecto de Amazon Web Services en Huechuraba, se ha confirmado la aprobación ambiental para una inversión significativa de US$ 205 millones. Esta inversión busca establecer un complejo de almacenamiento y gestión de datos con una proyección de vida útil de 30 años. Este dictamen no solo apacigua las dudas sobre el fraccionamiento asociado a la línea de alta tensión del proyecto, sino que también marca un precedente en la validación judicial de iniciativas de gran envergadura bajo criterios claros de institucionalidad y participación ciudadana.
La expansión de Amazon en el país va más allá del proyecto en Huechuraba, ya que la compañía está tramitando una nueva Declaración de Impacto Ambiental para un data center en Padre Hurtado, dentro de un plan de inversiones ambicioso de US$ 4.000 millones a lo largo de 15 años. Con el avance proyectado para el cierre de 2025, Chile podría llegar a contar con 41 data centers, además de una veintena adicional en proceso, lo que consolidaría al país como un hub digital de relevancia en la región. Sin embargo, este crecimiento plantea cuestiones críticas sobre cómo la transformación digital puede coexistir con la sostenibilidad hídrica y energética, dado el alto consumo eléctrico y de agua que requieren estas instalaciones.
El tribunal enfatizó que futuras infraestructuras eléctricas tendrán que someterse a sus propios procesos de evaluación ambiental, teniendo en cuenta los impactos acumulativos y sinérgicos de cada proyecto. Esta premisa es fundamental, ya que implica que aprobar proyectos de manera aislada no es suficiente. Para asegurar un desarrollo integrado y sostenible, Chile debe vincular la digitalización con la gestión responsable de los recursos hídricos y energéticos en una agenda nacional coherente y cohesiva. La necesidad de establecer estándares claros en estas áreas se vuelve más urgente a medida que el país busca avanzar en su infraestructura tecnológica.
Convertir cada data center en un laboratorio de innovación sostenible representa una gran oportunidad para el sector privado, que podría convertirse en un aliado esencial para el desarrollo. Sin embargo, esto solo será posible si se articula adecuadamente con políticas públicas que prioricen la seguridad hídrica y energética de las comunidades locales. La competitividad de Chile en la era digital no se medirá únicamente en términos de capacidad energética o espacio construido, sino en su habilidad para demostrar que el crecimiento en infraestructura tecnológica puede llevarse a cabo sin comprometer los recursos naturales que son vitales para el futuro del país.
En este contexto, el liderazgo de organismos como MAS Recursos Naturales es fundamental para guiar el diálogo entre sector privado y autoridades, asegurando que las inversiones en tecnología y data centers contribuyan al bienestar de las comunidades. La reciente decisión del tribunal es, en definitiva, un paso positivo hacia un equilibrio entre el crecimiento económico y la sostenibilidad. Es indispensable que Chile no pierda de vista esta visión integrada para afrontar los retos del futuro, garantizando un desarrollo que conserve la riqueza natural y permita un acceso equitativo a los beneficios de la digitalización.
