En una reciente conferencia de prensa, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, anunció un drástico aumento en los precios de los combustibles en Chile. Las gasolinas experimentarán un incremento de aproximadamente $370 por litro, mientras que el diésel se ajustará en $570, en respuesta al actual shock petrolero generado por la guerra en Medio Oriente. Esta medida es considerada una de las mayores alzas en la historia del país, y se prevé que los nuevos precios entren en vigencia a partir del jueves 26 de marzo, cuando se reflejen las variaciones del mercado internacional en los precios internos.
Quiroz enfatizó la severidad de la situación durante entrevistas simultáneas en televisión, indicando que «a una guerra histórica hay que responder con medidas históricas». Destacó que la influencia del conflicto en el mercado del petróleo es comparable a los grandes shocks de los años 70, subrayando que el diésel ha aumentado un 60% y la gasolina un 30% en un periodo de apenas tres semanas. De este modo, el gobierno se ve obligado a trasladar estos aumentos internacionales al mercado local, argumentando que no hacerlo podría resultar en un costo fiscal insostenible para el país.
Para mitigar el impacto del alza en los precios de los combustibles en la población, el gobierno ha anunciado un paquete de siete medidas. Entre las más destacadas se encuentra el congelamiento de las tarifas del transporte público en la Región Metropolitana, que incluye buses y Metro, hasta diciembre de 2026. Esta acción busca evitar que los altos costos del combustible repercutan en el costo del transporte público, el cual es esencial para el ciudadano común, y se espera que los subsidios del Estado absorban la diferencia fiscal resultante.
Además del congelamiento de tarifas, se implementará un subsidio mensual de $100,000 para taxis y colectivos, mitigando el impacto que el aumento en los costos de combustible tendría en estos servicios. Otros anuncios incluyen la reducción del precio de la parafina, crucial para la calefacción en hogares de bajos ingresos, y una línea de financiamiento preferencial para la compra de vehículos eléctricos, buscando promover una transición hacia una movilidad más sostenible. Estas medidas están diseñadas para contener el efecto inflacionario que el alza de combustibles podría causar.
Sin embargo, la decisión del gobierno de transferir el aumento de los precios internacionales al mercado local plantea un dilema fiscal. Quiroz dejó claro que la situación financiera del país impide mantener subsidios masivos, y su prioridad como ministro de Hacienda es proteger las finanzas públicas. A pesar del riesgo político asociado con las nuevas tarifas, el ministro aseguró que el gobierno se compromete a trabajar en la recuperación económica a mediano plazo, sosteniendo que «esto es un esfuerzo país y necesitamos la colaboración de todos».
