El reciente reportaje de TVN ha desatado una controversia significativa en el ámbito político y económico en Chile, tras revelar que una ONG noruega, apoyada por fondos estatales de su país, estaría financiando iniciativas en comunidades lafkenches para oponerse a la salmonicultura en el sur del país. Esta denuncia llevó al diputado Mauro González de Renovación Nacional a solicitar formalmente al Ministerio de Relaciones Exteriores que investigue posibles acciones a nivel internacional, incluyendo un reclamo ante la Organización Mundial del Comercio, argumentando que este tipo de financiamiento podría constituir una competencia desleal hacia la industria local.
González subrayó la importancia de la salmonicultura como un sector vital para la economía chilena, destacando que es el segundo producto de exportación nacional y un soporte crucial para el empleo en regiones como Los Lagos. Afirmó que es alarmante que actores externos estén interviniendo en el desarrollo productivo del país, lo que, según él, no solo pondría en riesgo miles de empleos, sino que también afectaría el potencial de crecimiento económico de una industria clave a nivel global.
La denuncia del reportaje señala que la ONG noruega en cuestión ha transferido más de 500 millones de pesos a comunidades indígenas, fondos que se estarían utilizando para impulsar reclamaciones territoriales bajo la Ley Lafkenche. Este escenario ha generado críticas no solo a nivel nacional, sino también en la comunidad local, donde se percibe un riesgo latente sobre la sostenibilidad de la industria salmonera debido a estas interferencias externas y el uso de recursos en conflictos territoriales.
En medio de esta polémica, el alcalde de Puerto Montt, Rodrigo Wainraihgt, ha manifestado su preocupación por la “pandemia de burocracia y permisología” que la industria enfrenta, sugiriendo que el entorno regulatorio actual está ahogando el crecimiento del sector. Por su parte, el senador Miguel Ángel Calisto ha instado al gobierno a acelerar la elaboración de proyectos de ley que aporten mayor transparencia en el financiamiento de las ONG, resaltando que la Ley Lafkenche podría estar limitando el potencial de expansión de la salmonicultura, una actividad que, según él, tiene capacidades significativamente mayores.
La situación plantea un nuevo dilema en el debate sobre la inversión extranjera, la regulación ambiental, y el desarrollo económico en Chile. En un contexto donde el país compite directamente con Noruega como uno de los líderes mundiales en producción de salmón, se abre un flanco crítico que podría influir en futuras decisiones políticas y regulaciones. La respuesta de las autoridades será fundamental para determinar el rumbo de la salmonicultura y la protección de la industria local frente a la intervención externa.
