El pasado jueves, El Congreso de Chile aprobó la Ley N° 21.825, que extiende hasta el 28 de mayo de 2027 los plazos para la acreditación del personal de seguridad privada y la entrega de estudios de seguridad para ciertas entidades. Esta decisión, que se tomó por unanimidad tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, busca evitar una crisis operativa en el sector, ya que más del 90% de las entidades obligadas a cumplir con esta normativa no lo habían hecho al momento de la votación. De acuerdo a un diagnóstico previo a la aprobación de la ley, solo dos de las 393 entidades habían presentado los estudios requeridos, y menos de 3,000 de los más de 35,000 trabajadores de seguridad habían conseguido su nueva credencial.
La extensión del plazo resulta crucial no solo para evitar un colapso inmediato en el sector de la seguridad privada, sino que también representa una oportunidad para que las empresas implementen una gestión del riesgo más eficaz. Eduardo Hernández, Gerente Legal de ALTO Chile, enfatizó que esta prórroga no es simplemente un trámite administrativo, sino un momento para avanzar en la capacitación y formación del personal. Sin esta intervención legislativa, miles de guardias, vigilantes y porteros se habrían encontrado sin la posibilidad de trabajar legalmente, lo que podría haber causado un grave desamparo en diversas instalaciones.
Con la aprobación de la Ley N° 21.825, también se introducen importantes cambios para determinadas entidades, como las empresas de transporte de valores y las instituciones bancarias, que ahora tienen un plazo extendido para presentar sus estudios de seguridad. Esto también incluye un cambio en el tiempo que tiene la Subsecretaría de Prevención del Delito para pronunciarse sobre estos estudios, que se amplía de 30 a 90 días hábiles. Sin embargo, no todas las entidades se beneficiarán de esta extensión; aquellas no incluidas en la lista específica aún deben adherirse a los plazos anteriores, subrayando la importancia de que cada empresa cumpla con sus obligaciones correspondientes.
Hernández advierte que esta extensión no debe tomarse como una invitación a demorar el cumplimiento de la normativa, sino como una oportunidad estratégica. «Las empresas de seguridad deben comenzar desde ya a programar las capacitaciones necesarias y a seguir avanzando en sus trámites de acreditación», señala. Si se llega a mayo de 2027 en la misma situación de incumplimiento que se vivió en mayo de 2026, las empresas habrán desperdiciado una valiosa oportunidad para mejorar sus estándares de seguridad y gestión del riesgo.
Desde ALTO Chile, se hace un llamado a todas las empresas del sector a que utilicen este período adicional no solo para regularizar sus acreditaciones, sino también para revisar protocolos de seguridad, evaluar a sus proveedores y adoptar modelos de gestión de riesgo más integrales. Hernández concluye que la mera acreditación, aunque fundamental, no garantiza la protección efectiva de las empresas. Un enfoque integral en la gestión del riesgo es crucial para prevenir no solo el incumplimiento normativo, sino también otros riesgos operativos que pueden poner en peligro la seguridad de los activos y las personas.
