En un reciente caso de amparo promovido por una estudiante de la Facultad de Odontología de la UNAM, se expuso la ausencia de directrices claras sobre el uso de herramientas tecnológicas como la inteligencia artificial (IA) en los exámenes académicos. La alumna impugnó una suspensión de cuatro meses que le fue impuesta por el Tribunal Universitario, tras ser acusada de utilizar IA durante una evaluación. Este caso, definido por el juicio de amparo 1326/2025, es significativo, ya que una jueza federal tuvo que valorar si existían pruebas suficientes que respaldaran la acusación de uso indebido de IA en el contexto educativo.
Es fundamental aclarar que la resolución a favor de la estudiante no implica una aprobación del uso de herramientas como ChatGPT para la resolución de exámenes. La defensa se basó en que el Tribunal Universitario no logró proporcionar las evidencias necesarias para probar la falta. Este aspecto pone de relieve un problema más amplio relacionado con cómo las instituciones académicas deben manejar estas nuevas tecnologías en la educación. La cuestión no es únicamente la integridad académica, sino la capacidad de las universidades para demostrar el abuso de estas herramientas cuando no hay normas claras que regulen su uso.
El debate sobre el uso de IA en la educación superior en México es cada vez más urgente, especialmente en un contexto donde no existen reglas uniformes sobre este tema. Mientras algunas universidades han implementado tecnologías como Respondus LockDown Browser y programas para detectar plagio, el hecho es que estos métodos no son infalibles, generando falsos positivos entre un 30 y un 70 por ciento. Esto pone en entredicho no solo la eficacia de las herramientas de monitoreo y detección, sino también la autenticidad de las acusaciones que se podrían hacer a los estudiantes en base a ellas.
Ante esta situación, es esencial que las instituciones de educación superior redacten lineamientos específicos y claros que respalden las sanciones disciplinarias en los casos relacionados con el uso de IA. Sin una normativa definida y sin evidencias objetivas que sustenten las acusaciones, sería complicado imponer sanciones válidas. Este es un llamado a las universidades para que no solo establezcan reglas, sino que también aseguren que estas sean precedidas de un marco legal que proteja tanto a la institución como a los estudiantes.
Además, se debe reflexionar sobre la forma en que se evalúa a los alumnos y la proporcionalidad de las medidas adoptadas frente al uso de tecnologías como la IA. La solución no reside en prohibir este tipo de herramientas, sino en integrarlas de manera responsable y ética en el proceso educativo. Entre las alternativas discutidas se encuentran métodos de evaluación alternativos, como exámenes orales o pruebas en entornos controlados sin acceso a internet, con el objetivo de asegurar una evaluación efectiva del aprendizaje del alumnado. Este cambio no solo ayudará a mitigar el uso indebido de la IA, sino que también permitirá una valoración más auténtica del conocimiento adquirido por los estudiantes.
