La Asociación de Industriales de Iquique y el Tamarugal (AII) ha expresado su profunda preocupación ante el reciente fallo del Segundo Tribunal Ambiental, el cual modifica parcialmente la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable que la Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi obtuvo para su proyecto «Desarrollo de Infraestructura y Mejoramiento de Capacidad Productiva». A través de un comunicado, el gremio empresarial regional destacó la importancia de mantener la independencia de los tribunales y las instancias legales pertinentes, pero también subrayó que este tipo de decisiones generan una alarmante incertidumbre para el clima inversionista en la región y el país en su conjunto.
El proyecto de Collahuasi, que había recibido su RCA favorable en diciembre de 2021 luego de un exhaustivo proceso de evaluación, contando con el respaldo de organismos competentes, representa una inversión clave para la economía de Tarapacá. La aprobación de este proyecto fue validada en agosto de 2023 por el Comité de Ministros, presidido por la ex ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, lo que la situaba en una fase de ejecución tangible. La anulación parcial de esta autorización, años después de su obtención, crea un entorno de incertidumbre que pone en riesgo no solo la inversión directas, sino también futuras iniciativas de desarrollo en la región.
Además, la relevancia del proyecto Collahuasi se extiende más allá de la compañía en sí; casi 7 mil empleos directos e indirectos dependen de su operación. Esto incluye a cerca de 18 mil puestos más en el sector de proveedores y en la cadena de suministro asociada. Cualquier afectación a este proyecto tiene un impacto conexo en el ecosistema productivo de Tarapacá, que es vital para el crecimiento económico de la región. La AII insistió en que la competitividad regional depende de un marco regulatorio seguro y coherente, especialmente en un contexto donde la minería y otros sectores productivos son fundamentales para el desarrollo sostenible.
La AII reafirma su compromiso con la conjunción de la protección ambiental y el desarrollo productivo, argumentando que estos no son objetivos excluyentes. Con un enfoque en la sostenibilidad, la asociación sostiene que se requieren evaluaciones minuciosas y un marco institucional robusto que respete las necesidades de las comunidades. Esto implica la necesidad de garantizar decisiones coherentes y autorizaciones claras, ya que la falta de certeza jurídica puede resultar en la postergación de inversiones, que a su vez afecta el empleo y limita el potencial de desarrollo sostenible en las regiones, como es el caso de Tarapacá.
Finalmente, la AII ha hecho un llamado urgente a las autoridades para que tomen acción sobre las implicaciones económicas y territoriales que decisiones judiciales como esta generan. Es crucial que Tarapacá reciba un mensaje contundente de apoyo hacia la inversión responsable y a la continuidad de proyectos que son estratégicos para el crecimiento del país. La AII reafirma su dedicación a promover una minería moderna y responsable, pero enfatiza que esto debe ir de la mano con un marco jurídico claro y un enfoque estatal que reconozca la necesidad de proteger las inversiones en regiones que requieren un impulso económico.
