La posibilidad de extender el permiso posnatal a un año ha reabierto un debate crucial sobre el equilibrio de la corresponsabilidad parental en el cuidado de los hijos. Sandra Bravo, economista e investigadora en el Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello, señala que mientras una ampliación de este beneficio podría fortalecer la protección familiar, también podría tener efectos no deseados en el mercado laboral femenino. Si la responsabilidad del cuidado sigue recayendo en su mayoría sobre las madres, esto podría precarizar aún más las oportunidades de empleo para las mujeres, lo que plantea importantes interrogantes sobre cómo se implementará esta política.
Uno de los principales riesgos mencionados por Bravo es que una extensión del posnatal podría incrementar los costos laborales para las empresas, incluso si el subsidio es financiado por el Estado. La ausencia prolongada de una trabajadora a menudo implica gastos asociados al reemplazo temporal, la reorganización de funciones y, en algunos casos, la capacitación del nuevo empleado. Estos factores podrían influir en las decisiones de contratación, empujando a los empleadores a optar por candidatos que no se encuentren dentro de la edad fértil, perpetuando así la discriminación de género en el acceso al empleo.
Otro punto crítico del debate es la escasa participación de los padres en el permiso posnatal actual, con solo el 0,2% de los permisos utilizados por hombres desde su implementación en 2012. Esto pone de manifiesto que, a pesar de las posibilidades de transferencia del permiso a los padres, la corresponsabilidad en el cuidado de los hijos sigue siendo muy limitada. Para Bravo, es crucial implementar un diseño de políticas que reserve semanas exclusivas e intransferibles para los padres, lo que ha demostrado en experiencias internacionales ser más efectivo en fomentar la participación masculina en la crianza.
Además, la extensión del posnatal plantea un desafío considerable para garantizar que las trabajadoras más vulnerables también se beneficien de este cambio. Bravo advierte que es esencial mantener criterios de acceso amplios para que el beneficio no quede restringido a aquellas con empleos formales y estables. Esta medida debe estar acompañada de políticas que faciliten la reinserción y permanencia laboral de las mujeres. Sin un enfoque integral, la extensión del permiso podría intensificar las disparidades entre quienes cuentan con empleos estables y quienes se encuentran en situaciones más precarias.
Finalmente, la discusión sobre la ampliación del posnatal no debe centrarse únicamente en la duración del permiso, sino en cómo se articula una política que promueva una verdadera corresponsabilidad entre padres y madres. Sin medidas complementarias, como un mejor acceso a servicios de cuidado infantil y políticas que incentiven la contratación de mujeres, el objetivo de ofrecer una mayor protección durante la maternidad podría resultar en una paradoja: crear un sistema que beneficie principalmente a aquellas con trabajos seguros, dejándolas fuera a las que más lo necesitan.
