Los recientes episodios que han afectado a Codelco, desde la controversia por la sobreestimación de cifras de producción hasta el debate jurídico con la Contraloría General de la República, han vuelto a abrir un intenso debate sobre la adecuación del modelo institucional aplicado a las empresas mineras del Estado. Estas situaciones no solo evidencian fallas específicas en la gestión de Codelco, sino que sacan a la luz una problemática de política pública que se ha dejado de lado durante años: la necesidad de reevaluar cómo el Estado fiscaliza sus empresas estratégicas en un contexto de complejidad y escala que difiere drásticamente del marco regulatorio establecido hace casi cinco décadas.
El marco legal vigente para la fiscalización de Codelco y Enami, definido en el Decreto Ley N° 1.349 desde 1976, asigna a la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) la responsabilidad de llevar a cabo controles técnicos especializados sobre estas compañías. Aunque este diseño reconoce la necesidad de contar con un control sectorial, la rapidísima evolución y diversificación de las operaciones de ambas empresas ha provocado que las capacidades técnicas y recursos de Cochilco no se alineen con los nuevos desafíos. La falta de actualización en su función principal ha suscitado cuestionamientos sobre la efectividad de su labor en un entorno cada vez más complejo y competitivo.
En este contexto, el debate se ha intensificado en torno a la función de fiscalización y propiedad que el Estado ejerce sobre Codelco y Enami. Mientras que la función de propiedad se centra en aspectos de rendimiento y dirección estratégica, la función de control se ocupa de que las operaciones se realicen conforme a la ley y principios de transparencia. La creciente duda sobre si ambas funciones están correctamente delimitadas en el escenario actual ha llevado a una confusión que dificulta una supervisión adecuada, lo que más bien exige establecer claros límites y responsabilidades para una gestión eficiente.
Es fundamental que la discusión sobre la fiscalización de Codelco y Enami no se limite a buscar soluciones inmediatas a incidentes específicos. El Estado debe asumir la responsabilidad de revisar y modernizar el modelo de fiscalización vigente. Dada la magnitud y relevancia estratégica de estas empresas, es crítico que la arquitectura institucional creada hace 50 años responda a las exigencias actuales. Repensar y rediseñar esta estructura es una tarea que debe ser abordada urgentemente por los organismos competentes, quienes tienen el potencial de instigar cambios significativos en la gobernanza pública.
La naturaleza de los problemas actuales en Codelco trasciende las controversias puntuales y deben ser vistas como un llamado a la acción para repensar cómo el Estado gestiona sus activos estratégicos. Para avanzar, es intachable la necesidad de elevar esta discusión a la agenda pública. Reflexionar sobre un modelo de fiscalización que se adapta a la realidad contemporánea no solo fortalecerá la transparencia y la rendición de cuentas, sino que también asegurará el manejo adecuado de uno de los recursos más valiosos del país en el siglo XXI.
