El Tribunal Oral en lo Penal de San Bernardo ha dictado una condena de 5 años y 1 día de presidio efectivo contra Blanca Rojas y Yuri Hualme, quienes fueron hallados culpables de perpetrar un esquema delictivo diseñado para obtener devoluciones de impuestos que no les correspondían. Esta acción delictiva, que violó el artículo 97 N°4 inciso tercero del Código Tributario, fue detectada gracias a las labores de fiscalización del Servicio de Impuestos Internos (SII), que identificó la magnitud del fraude a través de exhaustivos controles y auditorías.
Los condenados dirigían una operación compleja donde captaban a contribuyentes de bajos ingresos, prometiéndoles devoluciones legales a cambio de sus datos personales y claves tributarias. Según las investigaciones, Rojas y Hualme procedían a realizar rectificaciones fraudulentas de los Formularios 22, incluyendocreditos y rentas inexistentes. Esta maniobra permitió que se generaran devoluciones indebidas a su favor, afectando a un total de 139 contribuyentes entre los años 2009 y 2014, lo que se traduce en un perjuicio fiscal verificado que supera los 752 millones de pesos.
Los testimonios recabados por el SII revelaron que ninguno de los afectados había autorizado las rectificaciones, y todos confirmaron que los imputados los contactaron directamente con la oferta de obtener un beneficio económico. A cambio, solicitaban el 50% o más del monto de las devoluciones fraudulentas. Esta estrategia se calificó como un mecanismo estructurado y reiterado, lo que llevó al tribunal a considerar que se trataba de algo más que una mera rectificación tributaria.
Con todos estos antecedentes, el tribunal no dudó en condenar a Rojas y Hualme como autores del delito descrito en el artículo 97 N°4 inciso 3° del Código Tributario, que castiga a quienes simulan operaciones tributarias o emplean maniobras fraudulentas para obtener beneficios alegados. Además de la pena de presidio, cada uno de los condenados enfrentará una multa de 358 millones de pesos, equivalente al daño fiscal causado por su accionar delictivo.
Bárbara Olivares, Subdirectora (S) Jurídica del SII, manifestó que la severidad de la pena impuesta refleja la gravedad de las acciones cometidas y enfatizó la importancia del trabajo continuo del SII en la detección de delitos tributarios. Olivares aseguró que estas acciones judiciales son cruciales para salvaguardar la recaudación fiscal y, por ende, para el financiamiento de políticas sociales que benefician a la sociedad en su conjunto.
