En Chile, el desarrollo económico está intrínsecamente ligado a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), que suman más de 700 mil unidades activas y son responsables de generar más del 60% del empleo en el país. A pesar de que su contribución al Producto Interno Bruto es inferior en comparación con las grandes corporaciones, su papel en la sostenibilidad de economías locales es invaluable. Estas empresas no solo crean oportunidades de trabajo, sino que también actúan como motores que dinamizan barrios y comunas, fortaleciendo las redes comunitarias y el tejido social.
Las Empresas Familiares (EF) emergen como un componente esencial dentro de este ecosistema. En su interior, se entrelazan historia, identidad, y un propósito común que trasciende el mero ámbito económico. Estas organizaciones representan el legado de conocimientos y valores que se transmiten de generación en generación, fomentando un entorno laboral que respeta las tradiciones y la responsabilidad social. En muchas áreas, especialmente en regiones más alejadas de las grandes urbes, las EF se convierten en un bastión para la cohesión social y el desarrollo regional.
Sin embargo, el futuro de estas empresas está amenazado por desafíos alarmantes. Un estudio reciente, la Encuesta Longitudinal de Empresas (ELE-7) de 2024, revela que una alta proporción de las mipymes chilenas está liderada por individuos que están próximos a la edad de retiro, con casi la mitad de los propietarios superando los 59 años. Esto plantea un escenario complejo en el que muchas de estas empresas se enfrentarán a procesos de sucesión cruciales o, en el peor de los casos, al inminente cierre de operaciones, poniendo en riesgo miles de puestos de trabajo y el sustento de sus comunidades.
En este contexto, la liquidez se convierte en una de las principales dificultades que enfrentan las mipymes. La gestión de recursos escasos se presenta como un desafío cotidiano, agravándose con las complejidades de una transición generacional. Las exigencias financieras que acompañan los procesos sucesorios pueden convertirse en barreras difíciles de superar. La presión de las obligaciones tributarias, especialmente sobre activos no líquidos, compromete la viabilidad operativa de muchas empresas, lo que se traduce en la pérdida de empleos y el desmantelamiento de redes comerciales localmente significativas.
Por ello, la discusión sobre la continuidad de las empresas familiares no debe limitarse a medidas fiscales o económicas temporales. Es imperativo implementar mecanismos permanentes que faciliten la planificación sucesoria y reduzcan las dificultades que enfrentan las familias empresarias. Asegurar la continuidad intergeneracional de estos proyectos no solo representa la preservación de empresas, sino que también refleja el tipo de desarrollo que buscamos como nación. Debemos generar políticas públicas que reconozcan y valoren el verdadero impacto social y económico que las mipymes, y en particular las Empresas Familiares, aportan a nuestra sociedad.
